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EMILIANO LASALVIA
Alberto y Cristina Fernández enfrentarán el desafío de mejorar la economía argentina.
El desplome del crecimiento, una inflación galopante, la alta desconfianza y una tasa de desempleo del 10% son algunas de las figuras que hoy reflejan la profunda recesión económica por la que atraviesa Argentina.
Ante este oscuro panorama, el recién asumido presidente de ese país, Alberto Fernández, tiene la ambiciosa labor de intentar levantar una economía que arrastra desequilibrios que muchos gobiernos, incluido el de su predecesor Mauricio Macri, no pudieron solucionar.
Es en este contexto que el mandatario creó un amplio paquete de medidas impositivas y sociales para paliar la crisis, que fueron ingresadas este martes al Parlamento bajo el nombre de «Ley de solidaridad social y reactivación productiva».
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No es la primera vez que en Argentina se busca establecer un impuesto como el «dólar turista».
Entre las leyes de «emergencia económica» figura una que ya existió en el pasado y es particularmente polémica: el «dólar turista».
Se trata de un impuesto del 30% a los consumos realizados en el extranjero aplicado a los residentes argentinos.
Esto incluye diversas operaciones: la compra de pasajes y paquetes turísticos —entre ellos, hospedaje y gastos en otros países—, las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera, el retiro de dinero en efectivo efectuado en el exterior.
También comprende cualquier servicio que se pague en dólares; por ejemplo, las aplicaciones de Netflix, Spotify o Airbnb.
El impuesto también se aplicará para cursos online dictados en el exterior o licencias para utilizar determinados software.
¿Cuál es el objetivo de esta medida?
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Cualquier transacción en dólares tendrá un impuesto del 30% para los residentes argentinos.
No es la primera vez que en Argentina se busca establecer un impuesto de este tipo.
Al comienzo del segundo mandato de Cristina Fernández (2011-2015), se impuso una tasa del 15% a las compras en el exterior, que fue elevada al 20% en 2013.
La medida fue después eliminada por el gobierno de Mauricio Macri.
Ahora, con el regreso del proyecto, el nuevo jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero, lo defendió afirmando que tiene una lógica «solidaria y distributiva».
«No ponemos ninguna restricción para que los que puedan viajar lo hagan y disfruten, pero sí es cierto que nosotros necesitamos recaudar de alguna manera esa diferencia entre el gasto con tarjeta de crédito que se paga en pesos aquí y los dólares que salen del Banco Central», señaló.
«Esos son dólares que tenemos que cuidar mucho», añadió.
Cafiero explicó que el impuesto beneficiará al sector turístico local. Esto, dijo, generará empleos y ayudará a construir una industria más «dinámica».
«En un país como el nuestro, en el que una parte significativa del ahorro se realiza en moneda extranjera, debemos generar los incentivos necesarios para canalizar ese ahorro hacia instrumentos de ahorro nacional», dice el mensaje con el que fue presentado el proyecto al Congreso.
La iniciativa del gobierno generó algunos cuestionamientos. Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la calificó de «desafortunada» y aseguró que va a afectar a la industria turística en todo el país.
«Creemos que va a perjudicar al turismo emisivo y, a la larga, también al receptivo, porque lamentablemente la Argentina es un país que no puede darse el lujo de seguir pensando en generar nuevos impuestos o aumentar los ya existentes», dijo.
Otras medidas
Junto con el aumento del 30% al impuesto de compras en el exterior, el gobierno de Fernández presentó otras medidas con el fin de reactivar la producción y de mejorar la situación social de los sectores más vulnerables.
Una de ellas busca beneficiar a las pequeñas y medianas empresasal aplazarles sus deudas impositivas y previsionales. Además, se contempla un esquema de condonación de intereses, multas y otras sanciones.
Por otra parte, se prevé congelar las tarifas de los servicios públicos por seis meses.
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El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que ha habido un «descalabro» del sistema de seguridad social en los últimos años.
Entre las reformas sociales, el gobierno presentó una iniciativa que busca reforzar el sistema de pensiones mínimas en un plazo de 180 días y bajo una fórmula «consistente».
Mientras, habrá incrementos trimestrales para los sectores de más bajos ingresos.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que los jubilados que reciben la pensión mínima recibirán en diciembre y enero bonos de 5.000 pesos (US$80 aproximadamente).
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«Ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social en los últimos cuatro años. Lo que se hizo con los jubilados es grave. El sistema no funciona y desprotege a la población jubilada y al país», dijo Guzmán.
«Todos entendemos lo dura que es la situación actual, lo que ha sido el crecimiento de la pobreza, la indigencia, los problemas de seguridad alimentaria, el hambre», agregó.
El plan es que el proyecto de ley sea discutido este jueves 19 de diciembre en el Congreso.
De aprobarse, medidas como la relativa al aumento del 30% en el impuesto de las compras en el extranjero se harían efectivas al día siguiente de publicada la ley.
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