Las primeras medidas concretas para “hacer caja” resultaron cantadas. Se sabe que cuando en la Argentina el Tesoro necesita fondos, los gobiernos miran al campo. Por eso no deja de ser llamativa la “sorpresa” o la “decepción” del sector agropecuario, cuyos dirigentes, con todo derecho, se quejaron del aumento de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.
Desde el 11 de agosto a la noche -cuando se conocieron los resultados de las PASO- se sabía que las retenciones iban a subir. Esperar que ese ajuste de las alícuotas surgiera por consenso era pedir demasiado. El Gobierno espera recaudar no menos de 1.800 millones de dólares extra por esta vía (si los precios y el clima lo permiten). Nadie va a entregar esa cifra “por consenso”.
Pero ya lo dijo con todas las letras el ministro de Economía Martín Guzmán cuando hizo su debut público el miércoles de la semana pasada. “No hay lugar en 2020 para más ajuste fiscal, porque profundizaría la recesión. Necesitamos aire para frenar la caída y evitar una mayor contracción económica”.
En otras palabras, no habrá ajuste fiscal del Estado. Por lo que se está viendo hasta ahora, el ajuste lo sobrellevará el sector privado, pagando más impuestos.
El Estado no recortará sus gastos, y se necesita caja para aumentos de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales. Crédito para financiar esas erogaciones no hay y apelar a la emisión monetaria es una incógnita, pero Guzmán avisó que no sería conveniente abusar de ese recurso. Después de todo dijo que su intención es iniciar el camino de la desinflación.
De modo que el esfuerzo -esto sí puede verse con claridad- recaerá en el sector privado. Empieza a surgir evidencia:
– Los productores agropecuarios y los exportadores aportarán más dinero por la vía de las retenciones. Los primeros cálculos hablan de 1.800 millones de dólares.
– Los que pretendan viajar o consumir en el exterior, deberán afrontar un recargo del 20% sobre el precio del dólar oficial para solventar sus gastos en el exterior. Por esa vía se fueron este año 5.000 millones de dólares. El Gobierno quiere cerrar ese grifo.
– El aporte de los acreedores que tienen en su poder bonos de la deuda dependerá de la quita que le concedan al Gobierno en los intereses que tienen por cobrar. Esto permitirá bajar sensiblemente las partidas que deberán destinarse al pago de la deuda. Habrá ahorro en pesos y ahorro en dólares.
Y todavía falta conocerse el contenido completo del proyecto de “ley de solidaridad y reactivación productiva”, que como su nombre lo indica iguala la mayor presión fiscal “a los que más tienen” con solidaridad.
Lo que ya se da por hecho, y faltan las cifras, es esto: mayor presión fiscal por la vía del impuesto a los Bienes Personales, algún impuesto extra a los que tengan patrimonios declarados en el exterior, y otras variantes que están en el aire, como un impuesto a la herencia. Más lo que cada provincia decida hacer en su territorio, empezando por Bienes Personales. Después de todo el Pacto Fiscal está en anulado de hecho.
Pero así y todo, lo visto hasta ahora son solo algunas partes del plan integral que prometió Guzmán para llevar a la economía argentina a recuperar los equilibrios, por la vía del superávit fiscal y comercial y de la balanza de pagos.
En definitiva, Guzmán necesita definir primero una quita en las obligaciones de la deuda, y luego, asegurarse los fondos para convencer a los acreedores de que tendrá los recursos para pagar lo que surja de la renegociación. Por eso se le hace vital reforzar la caja y defender con uñas y dientes cada dólar del comercio exterior.
El ministro tiene que convencer a los acreedores y al Fondo Monetario Internacional de que tiene el plan para recuperar la actividad económica y enderezar el rumbo hacia un modelo de crecimiento sustentable.
El camino elegido no deja de tener algunos riesgos. Más presión fiscal en sobre un aparato productivo que arrastra varios años de recesión tranquilamente podría profundizar la caída de la actividad económica.
En el Gobierno creen que no.
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