El ministro de Economía,
Martín Guzmán, anunció hoy en una conferencia de prensa la intención de aplicar un impuesto del 30% sobre la compra de moneda extranjera. Si bien la medida comenzará a regir recién después de que sea aprobada en el Congreso, en ese momento
redundará en un aumento de hecho de la cotización del tipo de cambio oficial. Si se hace el ejercicio de aplicar el impuesto a los valores actuales, el dólar podría escalar hasta acercarse a los $82.
Según el texto de la ley, el 30% de recargo se aplicará sobre el importe total de cada operación alcanzada. De tratarse de operaciones expresadas en moneda extranjera, el proyecto indica que «deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda local, aplicando el
tipo de cambio vendedor que fije el Banco de la Nación Argentina
al cierre del último día hábil inmediato anterior a la fecha de emisión del resumen, liquidación y/o factura o documento equivalente».
Así, si se toma el tipo de cambio que indica el proyecto de ley, que al cierre de la jornada de ayer era $63, y se le aplica el 30% adicional, resulta que
el precio de la moneda extranjera subiría a $81,9.
El impuesto del 30% está incluido dentro del
proyecto de ley de «Solidaridad y Reactivación Productiva» que el Gobierno envió al Congreso y que espera que sea tratado en el recinto el jueves próximo. Dentro del texto de la ley, el recargo es llamado
«impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (país)» y se establece «con carácter de emergencia» por el plazo de
cinco años.
Del detalle de la norma se desprende que se aplicaría a «la compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- para
atesoramiento o sin un destino específico».
También al cambio de divisas para adquirir bienes o servicios en el exterior, incluidas las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales. No solamente con tarjeta de crédito, sino incluso en el caso de que se paguen con débito.
Entre algunas de las
excepciones se encuentran los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. También los gastos asociados a proyectos de investigación efectuados por investigadores que se desempeñen dentro del país.
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